ENUMERAN TRABAS RETRASAN EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN RD;
MOTIVAN ESTRATEGIA NACIONAL DEL SECTOR HACIA EL 2030
POR J MODESTO RODRIGUEZ
Por décadas la alimentación de nuestro pueblo ha estado en manos de al menos 30 a 40 mil hombres y mujeres que bajo agua, sol y sereno se han ocupado de garantizar que los alimentos originados en el campo lleguen a nuestras mesas. Pero nadie humano es eterno y se debe pensar en el relevo. ¿Están nuestros jóvenes –hijos de los agricultores y ganaderos- preparándose para ocupar el puesto de sus padres?.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas –ANPA_ ha revelado que el país podría quedarse sin agrónomos y que en las universidades cada vez son menos los estudiantes de agronomía. En el boletín numero 45 de agosto del 2011, el ANPA señala en la pagina 7 que en todo el país habían matriculados solo 246 estudiantes de agronomía. La asociación de profesionales agrícolas atribuye este fenómeno al “poco incentivo que causa ver a muchos profesionales de esa rama sin empleo y a otros con salarios de miseria”. Agrega que los sueldos más altos de un agrónomo especialista que son quienes manejan la “tecnología de punta” o de última generación es de RD$ 12,000, y el de un agrónomo- no especialista- RD$ 7,000 mensuales. Las universidades que ofrecen la carrera de agronomía son en el Colegio Loyola, de Dajabón donde en 2011 había matriculados 149, y 97 en la Escuela Agrícola Salesiana de La Vega. En tanto, había una matriculación “bajísima” en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Católica y la Tecnológica del Cibao, que son las academias que titulan a los ingenieros agrónomos.
El panorama luce aun mas desolador, cuando en el resumen ejecutivo del documento “República Dominicana: Orientaciones Estratégica para la Competitividad Agro empresarial 2011-2030, que esta siendo publicado en el salón Verde del Palacio Nacional, aparecen datos espeluznantes que enumeramos a continuación. Este documento fue elaborado por Osmar C. Benítez, Coordinador General, Joaquín Díaz Ortega, Soraya Rib y Braulio Serna Hidalgo, cuando este último se desempeñaba como Jefe de la Sección de Desarrollo Agrícola y Rural de la Sede Subregional de la CEPAL en México y fue enviado a la Redacción por Manuel Gómez Tejeda (Manegonte), asesor del Ministerio de Agricultura. La puesta en circulación de este documento, forma parte de la agenda de publicaciones del Ministerio de Economía, Planificación, y Desarrollo en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030.
Veamos: Uno de los principales motores de la estrategia es la productividad del capital humano. La
Competitividad internacional, la innovación y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático demandan habilidades, destrezas y conocimientos nuevos a los agricultores y ganaderos.
Con respecto al capital humano, existen estudios en los que se muestra que la pobreza y la desigualdad impiden el desarrollo de cualquier país, ya que frenan el crecimiento y complican el abatimiento de la pobreza. En países como la República Dominicana que enfrentan una alta desigualdad, este hecho limita la innovación y la productividad. En zonas rurales, 40% de la población más pobre apenas participa en 13 % del ingreso. Como la presente estrategia está basada en el aumento de la productividad, la innovación y la mejora del capital humano son necesarias.
Asimismo, un tema de gran relevancia es la nutrición a nivel rural. En el período 2004-2010 alrededor de una quinta parte de la población tenía una ingesta calórica por debajo del nivel mínimo de energía alimentaria. Del mismo modo, en 2010 cerca de 4% de los niños menores a cinco años poseían un peso menor al esperado.
La desnutrición restringe el desarrollo de las capacidades y potencialidades productivas de la Población, reduce la productividad rural y, por ende, los ingresos. Una población desnutrida condena el desarrollo de su potencial y no contribuye a la modernización productiva y a la competitividad agropecuaria y agroindustrial.
FINANCIAMIENTO
En la presente estrategia se analizaron cuatro posibles escenarios de crecimiento agropecuario en
los que se proyectan tasas de 3,1%, 3,9%, 5,3% y 6,4%, respectivamente (tasas utilizadas en función de las acciones que puedan ser tomadas). El último escenario recomendado implica un mayor aprovechamiento de las potencialidades del agro, una mayor eficiencia del uso de las tierras, del agua y los recursos fiscales dedicados a la agricultura.
De igual manera, se requiere de una alianza con el sistema financiero para lograr acuerdos de aprovechamiento del crédito para el agro y asegurar el pago de los financiamientos, así como el desarrollo de acuerdos estratégicos con las universidades y centros de investigación para fortalecer las cadenas productivas. La alianza señalada también implica una atención especial a la formación del capital humano, así como articular a los productores con la agroindustria y el mercado de exportación.
Una condición importante para elevar la productividad y el crecimiento rural es un gasto público mayor y más eficiente. El gasto agropecuario del gobierno central en el sector agropecuario no es elevado, apenas representa 0,6% del PIB y 8% del PIBA. El valor agregado agroalimentario representa 17% del PIB total y cubre 43% de las exportaciones de bienes sin incluir las zonas francas.
La calidad del gasto agropecuario se debe elevar. En 2002, del total del gasto público, sólo 5% se dedicó a la provisión de servicios de investigación, extensión y atención sanitaria, actividades que tradicionalmente pertenecen a los servicios públicos. 2 En los últimos seis años los gastos en inversión fija del ministerio se contrajeron casi 10% anual y se han concentrado más en gastos corrientes.
En la estrategia se mencionan diversos criterios orientadores particulares para cada cultivo y producto pecuario, relacionados con medidas público-privadas que conviene adoptar.
Uno de los tópicos recurrentes en casi todos los cultivos y actividades del agro, es ampliar y mejorar las condiciones del financiamiento. Por ejemplo, conviene una mayor disponibilidad de recursos estatales canalizados mediante la banca privada y pública, así como analizar las normas prudenciales establecidas por las autoridades monetarias y financieras, con el propósito de flexibilizarlas acorde a la producción y comercialización agropecuarias. Particularmente, urge que la calificación de la propiedad rural se modifique de polivalente a monovalente, ya que limita el acceso al crédito a los agricultores.
Asimismo se hace necesario manejar instrumentos financieros que soporten inversiones de largo plazo, instalaciones, equipos e innovaciones en cultivos y productos pecuarios. De igual manera, resulta fundamental poner en marcha la ley 146-02 sobre el seguro agrícola, luego de incorporar las modificaciones necesarias para su aplicación universal y, de manera preponderante, constituir un Fondo de Apoyo Crediticio para la Transformación Competitiva del Agro.
En esta etapa del proceso de apertura estimulado por los acuerdos comerciales firmados con los
Estados Unidos y los países de Europa, naciones que mantienen programas de apoyo a sus agricultores, urge diseñar y poner en marcha un programa de apoyo directo a los productores dominicanos de bienes sensibles (Attali y asociados) y ajustarlo a las normas internacionales definidas por la OMC.
Finalmente es necesario fortalecer los programas de sanidad e inocuidad animal y vegetal, para beneficiar a los consumidores nacionales e internacionales, consolidar mercados, diversificar y elevar las exportaciones de productos avícolas y pecuarios. Asimismo, se propone el manejo transparente de las importaciones de los productos sensibles del agro dominicano, lo que permitiría una mayor claridad en los mecanismos de asignación de las cuotas de importación.
TRABAS Y RECOMENDACIONES
Una restricción importante al crecimiento agropecuario ha sido la falta de diálogo y de una estrategia consensuada entre los actores públicos y privados. Es necesario armonizar la acción, los propósitos, las modalidades y las acciones públicas y privadas en el agro, y enfatizar su complementariedad, en vez de su competencia.
Por otra parte se destaca que la debilidad fiscal del Estado, los compromisos políticos y en particular el servicio de la carga de la deuda pública, restan flexibilidad a los aumentos del gasto público agropecuario.
En el caso del sector, esta situación se torna preocupante debido a la reducción del porcentaje de los recursos públicos destinados al agro, que han declinado en los últimos diez años al pasar de 10,2% en 1998 a sólo 2,4% en 2010. Esta situación fundamenta la conveniencia de acuerdos públicos y privados. En un estudio reciente se recomendó un rol estatal más selectivo, más articulado con la actividad de los productores (arroz, azúcar, leche, habichuelas, cebollas, ajo, pollo y cerdo).
Asimismo, se deberán evitar duplicaciones, ineficiencias, asignaciones presupuestarias con bajos beneficios, políticas ineficientes y llevar a cabo un trabajo conjunto entre lo privado y lo público a fin de fortalecer las cadenas productivas, y así propiciar una mayor integración de los pequeños productores.
En la presente estrategia se sugiere, asimismo, un gasto más concentrado, más orientado al logro de impactos y efectos positivos en el agro, que a realizar una serie de actividades desconectadas con los propósitos fundamentales del desarrollo humano. También es necesario lograr instituciones públicas eficientes, con menos burocracia en función de empleos improductivos y, muchas veces clientelistas, evaluadas más por sus resultados y alcances que por las actividades que realizan.
Se trata de concentrar el gasto público en servicios prioritarios, sanidad e inocuidad, información de mercados, formación del capital humano y producir más bienes públicos y menos bienes que el sector privado puede hacer mejor.
Es necesario robustecer la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y que se reconozca la plena propiedad de la tierra de los adjudicatarios de la reforma agraria. 1 Si se esto se alcanza de manera transparente se brindará mayor seguridad jurídica a sus propietarios.
Una condición importante para elevar la productividad y el crecimiento rural es un gasto público mayor y más eficiente. El gasto agropecuario del gobierno central en el sector agropecuario no es elevado, apenas representa 0,6% del PIB y 8% del PIBA. El valor agregado agroalimentario representa 17% del PIB total y cubre 43% de las exportaciones de bienes sin incluir las zonas francas.
La calidad del gasto agropecuario se debe elevar. En 2002, del total del gasto público, sólo 5% se dedicó a la provisión de servicios de investigación, extensión y atención sanitaria, actividades que tradicionalmente pertenecen a los servicios públicos. 2 En los últimos seis años los gastos en inversión fija del ministerio se contrajeron casi 10% anual y se han concentrado más en gastos corrientes.
Un desafío acentuado en los últimos años es el impacto del cambio climático en la agricultura y la ganadería dominicanas. Hay escasa información sobre el tema, en relación con otros países. 3 Sin embargo, las necesidades de adaptación al fenómeno climático son evidentes y requieren de una acción concertada privada y pública, en manejo de suelos, bosques, uso de nuevas variedades y biotecnología.
Resulta fundamental mejorar la información climática, prevenir los efectos destructivos que provocan los desastres naturales y manejar riesgos para los agricultores, por medio de la tecnología digital.
OPORTUNIDADES
La República Dominicana tiene un gran potencial para desarrollar cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales hacia 2030, con mayor valor agregado y competitividad internacional, con la posibilidad de integrarlas a los mercados globales, nacional y a la demanda del turismo. Esta posibilidad es aún mayor en el creciente contexto internacional de mercados agrícolas.
Algunas de estas actividades productivas se encuentran ya en desarrollo, con tecnologías modernas y aprovechando mercados especiales como el de la producción de vegetales bajo ambiente protegido (invernaderos), el de las exportaciones de productos orgánicos, el del abastecimiento del turismo y los de productos étnicos.
De igual manera se destaca la producción de frutas tropicales y la de cultivos para usos medicinales y cosmetológicos, así como la acuacultura intensiva en lagos y represas. La producción pecuaria y el aprovechamiento de especies menores representan también oportunidades.
Si a pesar de las restricciones y obstáculos enfrentados, los productores han logrado salir adelante, con una estrategia para la competitividad, el aumento de los ingresos rurales, en particular de los pobres, y el crecimiento sostenido del agro, alcanzará tasas superiores y efectuará un mayor aporte a la economía y sociedad dominicanas.
En las últimas décadas resaltan varios factores positivos: la diversificación de productos y de mercados de exportación, los avances en innovación de tecnologías en riego, la mecanización, la producción en invernaderos y el uso de nuevas variedades. Asimismo, se registró el crecimiento sostenido de la oferta de arroz y la contribución de las áreas cultivadas bajo riego ha sido considerable.
“Grandes desafíos tenemos por delante y sólo en el marco de una concertación económica y social podremos avanzar positivamente hacia un futuro mejor, más promisorio para los hombres y las mujeres del campo dominicano. Uno de los grandes retos es la capitalización financiera de la agropecuaria y la agroindustria en la República Dominicana.
Hay 4 pilares fundamentales que contribuirían, decididamente, a transformar las actividades productivas del campo en una empresa rentable, competitiva y generadora de riqueza para la sociedad y, especialmente, para los agricultores y las agricultoras de la República Dominicana.
i. Las inversiones productivas; ii. La innovación tecnológica; iii.
La capacitación para la competencia; iv. La conquista de los mercados.”
De igual manera, se observa que el flujo ascendente de las remesas apoyó a las actividades productivas. Como en los últimos años los precios internacionales de algunos productos de exportación se han elevado, se han estimulado mayores exportaciones y mejorado los ingresos de los productores dominicanos.